Las empresas de inserción cumplen una doble función: generan empleo y contribuyen a sacar de la exclusión social a colectivos que, de otro modo, caerían bajo la dependencia económica del Estado. Son aquellas empresas que emplean a minorías étnicas, personas con discapacidad física o sensorial, chavales con problemas de escolarización, mujeres maltratadas, ex toxicómanos, gente que ha salido de la cárcel.
En total hay cerca de 200 en España, donde trabajan unas 4.000 personas, en números redondos, sujetas al convenio colectivo del sector que corresponda. A pesar de que reciben subvenciones, generan retornos a las arcas públicas. Un estudio de la Obra Social de Caixa Catalunya de hace unos años calculaba que estos empleos ahorraban al Estado 28 millones de euros. Y otro informe más reciente, elaborado para la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (Faedei) revelaba que comunidades, como Canarias, recibían en retornos más de 43% de lo empleado, y en otras, como Castilla y León, el dinero volvía duplicado.
El 90% de los empleados de inserción acaban saliendo al mercado laboral ordinario. Empezaron con tareas de reciclaje, pero han ido buscando nichos de empleo allá donde no llegan, o no les interesa llegar a las grandes compañías. "La crisis no nos está repercutiendo tanto como a otros, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en crisis, pero sí estamos teniendo dificultades para sacar a los trabajadores a las empresas ordinarias", dice Nieves Ramos, presidenta de la Faedei.
Roberto Oyaga es gerente de Mapiser, una de estas empresas que opera, fundamentalmente, en Aragón. De sus 80 empleados, el 80% son de inserción -aunque sólo se les exige un 50% al cabo de los tres años- y las actividades que desempeñan son diversas: mudanzas, manipulados industriales, embalaje de maderas. "Antes de la crisis salían al mercado ordinario entre un 15% y un 20% de los trabajadores de inserción. El año pasado y este, uno o dos solamente", dice. El 35% de su negocio lo contrata la empresa privada, el resto, la pública. "Ya que el mercado privado se nos ha venido abajo, creemos que la empresa pública debería hacer un esfuerzo por contratar nuestro servicio, porque estamos peleando en condiciones de competitividad absoluta con la competencia", dice Oyaga.
Hay, sobre eso, algunos buenos ejemplos, como la Comunidad de Navarra, donde, por decreto, el 9% de las obras y servicios que contrata ha de hacerlo con estas empresas. O la reserva de 30 millones del Ayuntamiento de Barcelona para lo mismo. El de Burgos ha contratado con ellas un cáterin para llevar comida a domicilio a las personas mayores.
"Esos son los nuevos nichos, muy importantes en el mundo rural, donde no llegan las grandes empresas. Ahí es donde éstas deben actuar, porque contratarán con la Administración y les quedará un poco de mercado privado", dice Gustavo García Herrero, autor de un libro sobre la Ley de Dependencia y su aplicación en el mundo rural. "Todos los servicios domiciliarios asociados con las personas dependientes son muy adecuados para estas empresas, o los parques comarcales de ayudas técnicas, como camas articuladas, sillas de ruedas, que pueden alquilarse, venderse, repararse", dice García Herrero. De esta forma, personas con dependencia trabajarían para personas con dependencia.
Fuente: elpais.com
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