En los últimos meses, diversos organismos internacionales, Gobiernos, ONG y Grupos de Inversores institucionales han puesto en marcha leyes, marcos y directrices que apuntan en dirección de lograr un mayor involucramiento y transparencia del sector privado en materia de Derechos Humanos. Leyes en EE. UU., China e India, Marcos de la ONU y la UE, Directrices OCDE e Indicadores GRI y Ethos conforman un set de herramientas que están aumentando la presión sobre las empresas.
La diputada Carolyn Maloney presentó en agosto una nueva ley en la Cámara de Representantes de EEUU sobre "La transparencia en los negocios sobre la Trata y la Esclavitud" que obligaría a las empresas a revelar sus esfuerzos para identificar y abordar los riesgos de la trata de personas, el trabajo forzoso, la esclavitud y el trabajo infantil en sus cadenas de suministro.
Si se aprueba, el proyecto de ley sería uno de los primeros dirigidos que a las empresas que presenten obligatoriamente informes de derechos humanos en los EE.UU. a nivel federal.
El proyecto de ley está inspirado en la "Ley de transparencia de California en las cadenas de suministro" aprobada por el gobernador Arnold Schwarzenegger el año pasado. La Ley de California y esta propuesta de ley impactarían a todos los minoristas y fabricantes con ingresos brutos anuales superiores a cien millones de dólares.
El 1 de enero de 2012 entrará en vigor en California, la Ley de Transparencia en las cadenas de suministro que requerirá a los grandes minoristas y fabricantes que revelen la nómina de sus proveedores a través de sus sitios webs. La legislación tiende a erradicar la esclavitud y el tráfico de personas de las cadenas de suministro.
La información que exigirá la nueva ley se divide en estas áreas:
La verificación por terceros de la cadena de suministro.
Auditorías independientes y sin previo aviso a sus proveedores.
Certificación de proveedores de cumplimiento de la ley, las normas internas de rendición de cuentas.
Formación del personal sobre el trabajo forzoso y el tráfico de personas.
En abril, la Unión Europea adoptó una nueva directiva para prevenir y combatir la trata de personas y en junio la ONU estableció el primer estándar global para prevenir y abordar el riesgo de violaciones de derechos humanos dentro de las actividades de negocios al aprobar el nuevo conjunto de principios rectores para los Derechos Humanos y las Empresas.
El Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha aprobado en junio el nuevo conjunto de principios rectores para los Derechos Humanos y Empresas diseñado para proporcionar por primera vez una norma mundial para la prevención y el tratamiento de los riesgos de los impactos adversos sobre los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial. Ahora cada país deberá adaptar el marco. Los principios promueven vías de acción no vinculantes, condición muy cuestionada por diversas organizaciones de Derechos Humanos.
Este año la India puso en marcha las Directrices Voluntarias Nacionales sobre Responsabilidad Social, Ambiental y Económica de los Negocios y el Gobierno chino dio una mención especial a los esfuerzos en materia de derechos humanos en su Plan Quinquenal.
El subsecretario de Estado de EE.UU. Mike Posner sostiene que "tradicionalmente, los derechos humanos se han centrado en los gobiernos, en el deber de los gobiernos para proteger los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos. Pero esto ya no es suficiente. Como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció, la comunidad empresarial global ha crecido en poder e influencia, y por lo tanto debe reforzar su responsabilidad de proteger los derechos humanos. "
En un editorial del 25 de julio titulado "Enablign China" el New York Times expresó la necesidad de establecer límites legales a las empresas estadounidenses que hacen negocios con gobiernos autoritarios y anuncia que los esquemas de control voluntario se han agotado. "La experiencia de Cisco confirma que necesitamos principios uniformes para guiar el comportamiento corporativo", sostiene.
"Los Estados Unidos necesitan normas obligatorias en materia de comportamiento ético para las compañías estadounidenses trabajan con gobiernos autoritarios", sostiene el duro editorial del New York Times.
En enero de 2011, un grupo de inversores liderados por el Fondo de Inversión ético Boston Common Asset Management decidió vender su participación de más de 20 millones de acciones en Cisco por encontrar debilidades en su política de Derechos Humanos en China, a la que no dudó en calificar de "engañosa".
John Morrison, Director Ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos y Empresas alertó que "los acontecimientos recientes en Egipto, donde una compañía británica de telefonía móvil cerró su red entera durante tres días en el momento de mayor necesidad del pueblo egipcio, nos enseña que es necesario que haya normas claras sobre los negocios. Ahora es el momento para que los gobiernos sean muy claros en que se necesitan muchos más controles para las empresas que operan en mercados de alto riesgo".
El 25 de mayo en París, la OCDE adoptó formalmente el texto revisado de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, luego de 10 años de su última revisión. La nueva guía extiende la responsabilidad en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente de las empresas a sus cadenas de valor.
Por su parte, El Global Reporting Initiative ha presentado una nueva versión de su guía G3 para realizar memorias de sostenibilidad, la la guía GRI G3.1. Este Protocolo técnico permitirá a las organizaciones producir informes pertinentes con mayor facilidad. Las mayores novedades estuvieron, justamente, en Derechos Humanos, los impactos locales de la Comunidad y temas de Género.
En América Latina, el Grupo Especial que el Instituto Ethos impulsa sobre la materia, está a dos meses de presentar una herramienta matriz que servirá a las compañías para mensurar su impacto en los Derechos Humanos.
El próximo 7 de noviembre, en la ciudad Recife, se hará pública una matriz de indicadores esenciales para la promoción de los derechos humanos en la empresa, en la perspectiva del trabajo decente. Esta herramienta permitirá a las empresas medir sus impactos en derechos humanos y se integrarán a la tercera generación de los tradicionales Indicadores Ethos de RSE.
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