¿Qué pasará con el
mercado laboral?
Carteles pegados en las vidrieras o en las puertas con
agradecimientos a quienes "nos acompañaron durante años". Mensajes en
las redes sociales para comunicar una decisión que en estos días no esconde
ningún misterio sobre sus razones. Por dentro, locales con estructuras
desarmadas o a medio desarmar. Por fuera, la vista de persianas bajas.
En este sexto mes del año, dentro del cual se
cumplieron 100 días del aislamiento social obligatorio dispuesto por decreto
ante la pandemia del Covid-19, las imágenes que reflejan la realidad
del creciente cierre de locales son cada vez más frecuentes. Detrás de cada no
vuelta a la actividad, que no se da ni se dará solo en el comercio, hay
puestos de trabajo que se pierden y una nueva realidad de ausencia o
disminución fuerte de ingresos en miles y miles de hogares.
En los últimos días se conocieron varios datos y
estimaciones sobre las consecuencias que la pandemia y la cuarentena tienen y
tendrán en el mundo laboral. El número de trabajadores declarados al
sistema jubilatorio nacional, por caso, cayó en abril a 7.789.348: fueron
91.237 menos que en marzo, mientras que también hubo 12.619 empleadores menos
que presentaron declaraciones por ese mes, según el Boletín de Seguridad Social
de la AFIP. La estadística también muestra que en el cuarto mes del año hubo
caídas mayores al 7% en las cantidades de autónomos y de monotributistas que
pagaron aportes (las cifras ya mostraban una tendencia a la baja en los meses
previos).
Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), citado en un reporte reciente de Naciones Unidas, estima que este año se
perderán en nuestro país entre 750.000 y 852.500 ocupaciones laborales,
dependiendo de si la caída del producto bruto es finalmente de 8,25% o de 10%
(ese rango de disminución de la actividad está en la proyección de la OCDE, que
no es lejana ni a la del FMI, que prevé una baja de 9,9%, ni a las estimaciones
hechas a principio de este mes por economistas locales y publicadas por el
Banco Central en su informe sobre el Relevamiento de Expectativas de Mercado).
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del
Indec permiten estimar que en el primer trimestre del año había en los centros
urbanos del país unos 17,23 millones de ocupados, por lo cual la pérdida
estimada sería de entre 4,4% y 5%. Pero esos índices no llegan a reflejar otras
consecuencias, como el deterioro de calidad en el nivel general del empleo que
dejaría la recesión, y la mayor cantidad e intensidad de períodos de
inactividad y falta de ingresos que sufren y sufrirán muchas personas. En la
Argentina, aproximadamente la mitad de quienes trabajan (considerando a
asalariados y cuentapropistas) lo hace en la informalidad y, muchas veces, en
condiciones de alta precariedad y con intermitencia.
Según los resultados de un relevamiento de la Cámara
Argentina de Comercio (CAC), hasta ahora cerraron entre 20.000 y 25.000 locales
en la ciudad de Buenos Aires y unos 15.000 en el interior del país.
Al tiempo en que se dieron o se dan esas decisiones respecto
de locales de rubros no habilitados, o de algunos que con algún tipo de
reapertura lograron ventas demasiado bajas en relación a las que antes eran
habituales, ocurrió también en varios casos el regreso a la actividad, aunque
ahora en eso habrá una regresión por al menos casi tres semanas, dado el
endurecimiento de las condiciones de la cuarentena anunciado el viernes último
para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
100 días de cuarentena
Un informe de la Fundación Observatorio Pyme de mediados de
junio señala que un 15% de las 1700 pequeñas y medianas empresas consultadas
para ese estudio seguían a principios de este mes totalmente no operativas,
mientras que en abril el 54% se había declarado en esa situación. Pero aun así,
tan solo el 20% de las pymes operativas tienen este mes al 100% de su personal
trabajando. Y la crisis afecta más a las unidades más chicas: el 17% de las
microempresas (hasta 9 trabajadores) tienen a todo su personal inactivo, en
tanto que esa variable afecta al 2% de las firmas de entre 250 y 800 empleados.
Existen factores que ponen resistencia y evitan una mayor
caída de puestos de trabajo. "Creo que tuvo su impacto el programa ATP
[por el cual el Estado se hace cargo de abonar parte de los salarios a
empleados de empresas privadas], el hecho de no pagar todas las cargas sociales
y la mayor cantidad de suspensiones", señala Luis Campos, economista y
coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.
Las suspensiones por acuerdos de partes están expresamente
habilitadas por el decreto con el cual el Poder Ejecutivo prohibió los
despidos, una medida en un principio vigente por 60 días y luego prorrogada
hasta el 31 de julio. Esas suspensiones implican el pago de asignaciones no
remunerativas que equivalen a una parte del salario (habitualmente, entre 70% y
75%). Si bien no hay un dato oficial de cuántos trabajadores están afectados por
esa situación, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de
Trabajo muestra que en abril un 7,5% de las empresas con 10 o más empleados
aplicaron esta práctica, contra un 4% de abril de 2019.
Un mercado segmentado
Ese mismo relevamiento mostró para el cuarto mes del año una
caída interanual del empleo del 3,1% en el citado universo de empleadores
formales, con un desplome en la construcción (21%) y efectos mucho más
moderados en los sectores de servicios. El hecho de que este último rubro se
vea menos impactado es un hecho que se limitaría al espacio de las empresas
formales: en el cuentapropismo de oficios y especialmente entre quienes están
en la informalidad, los efectos de no haber podido o de no poder trabajar son
significativamente elevados. En este último segmento, según define la
economista Roxana Maurizio, hay "transiciones de corto plazo" entre
la inactividad (son personas que no pueden trabajar ni encaran en estos
tiempos, lógicamente, la búsqueda de un puesto) y la ocupación (condición a la
que vuelven o volverán según la dinámica de las condiciones de la cuarentena o
según las flexibilizaciones de hecho).
"Este segundo trimestre no es un período homogéneo
-dice Campos-; en abril el cuentapropismo se derrumbó y en junio parecería que
se empezó a recuperar un poco; lo que en abril era desocupación o inactividad,
en junio puede ser cuentapropismo". A la vez, claro, surgen decisiones de
cierres definitivos de empresas.
Esa heterogeneidad dentro del trimestre influye en cuál
podría ser el índice de desocupación de estos meses. El dato se conocerá, según
el calendario del Indec, en septiembre. Un informe recientemente emitido por el
organismo oficial de estadísticas reveló que en el primer trimestre de este año
el 10,4% de la población que se declaró activa (tiene empleo o lo busca) estaba
desocupada. "En lo inmediato, se prevé que la tasa de actividad [la
proporción de personas laboralmente activas sobre la población total] no
aumentará [más bien, podría ocurrir lo contrario]; entonces, no va se va a
incrementar la tasa de desocupación", considera Juan Luis Bour, economista
jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
Como el índice de desempleo muestra cuál es el porcentaje de
personas que no encuentran trabajo sobre el total de las que se declaran
activas, entonces una caída del empleo no se traduciría, en el escenario
previsto, en una suba de la tasa de desocupación, sino en una mayor cantidad de
inactivos. ¿Las razones? La fuerte caída de la actividad, la falta de
contrataciones y las dificultades para circular desalientan las búsquedas por
parte de quienes se quedan sin ocupación. En todo caso, agrega Bour, habrá que
ver qué ocurre hacia octubre y noviembre con los indicadores laborales.
"Es esperable que cuando se afloje con los subsidios
transitorios haya una mayor caída del empleo formal", considera el
economista. Y advierte que, más allá de que se prorroguen las medidas
restrictivas -como la prohibición de despedir-, más empleadores podrían decidir
que no seguirán con sus negocios. Por otro lado, señala que una recuperación
del mercado laboral no llegará al mismo tiempo que un repunte de la actividad.
Habrá que esperar, en todo caso, a que en primer lugar esté
operativa toda la fuerza laboral que está ahora con suspensiones o con
reducción horaria. Y habrá que ver en qué condiciones y con qué visión de
sostenibilidad llega el rebote económico.
De hecho, aun cuando las proyecciones de los economistas
marcan que en 2021 habría un signo positivo en la variación del PBI -un avance
que, se según estima, apenas se acercaría a la mitad de lo que se caería este
año-, la mayoría de los empleadores no cree que en ese período haya novedades
en cuanto a la generación de puestos de trabajo.
Según un relevamiento hecho en los últimos días por SEL
Consultores entre 92 empresas líderes de mercado, un 20% considera que la
reactivación del empleo llegará en el primer semestre de 2021; un 21% cree que
eso será en la segunda parte del año próximo, y un 17%, según datos aportados
por María Laura Cali, directora de la consultora, evalúa que recién en 2022
podría haber buenas noticias. ¿Y el 42% restante? Dijo no saber.
Maurizio, que es investigadora del Instituto
Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, advierte que un
efecto posible en el mediano plazo es un ajuste por el lado de la calidad de
las ocupaciones. "El empleo formal cae, pero no tanto como el informal,
porque de por sí la legislación lo protege más y, además, porque están los
programas de sostenimiento" con ayudas estatales para pagar salarios. Las
diferencias en el comportamiento entre segmentos (formal e informal) traería,
para los datos estadísticos, una mejora en la calidad del empleo. Pero sería
algo solo temporario: "En la medida en que pase el tiempo, podría pasarse
más de lo formal o a lo informal, porque parte del ajuste vendrá por ese
lado", señala Maurizio, a la vez que advierte sobre los efectos en los
ingresos.
Consecuencia en los bolsillos
En el caso de los asalariados formales -y más allá de
quienes directamente pierdan sus puestos (por el cierre de empresas y, en
algunos casos, por "retiros voluntarios" decididos por los
empleadores), el efecto en los bolsillos se da por una de diferentes causas: la
caída del poder adquisitivo que produce la inflación en un escenario de
suspensión de las negociaciones salariales o de freno a la aplicación de subas
antes previstas; la reducción nominal de los sueldos, o la inclusión de los
trabajadores en el esquema de suspensiones acordadas.
En la informalidad, la afectación es más grave y la
cuarentena significó en muchos casos la anulación de los ingresos. Desde el
Gobierno se dispuso el pago del Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, que
contempla (entre otros grupos de personas) a los informales, y que en esta
época de "los 100 días de cuarentena" se está abonando por segunda
vez.
Más allá de que la reacción no sea inmediata, el economista
Eduardo Fracchia señala que "a grandes rasgos lo que pase con el empleo
queda supeditado a lo que pase con el PBI" en los tiempos pospandemia. Y
define tres variables cuyos comportamientos influyen, a su vez, para esa
evolución (o no evolución) de la actividad: la inversión, la exportación y el
consumo. "En lo que hace a la inversión, hoy está comprometida por el
factor credibilidad; la exportación, que es una válvula pequeña para la
Argentina, es un factor que depende mucho de las condiciones externas; y, en
cuanto al consumo, no se sabe aún cuál será el comportamiento tras la pandemia:
si habrá, por ejemplo, una actitud de temor que lleve e cuidar más cada
peso", señala Fracchia, que es director del Área Académica Economía del
IAE Business School.
"Otro factor de peso es contar con el famoso plan
económico; tener un presupuesto, un programa fiscal, uno monetario... hoy el
ministerio está muy concentrado en el tema de la deuda y no tiene el
plan", agrega.
Condiciones para una salida
Terminar de cerrar el conflicto por la deuda pública y abrir
gradualmente la actividad manteniendo el cuidado de la salud y del sistema
sanitario son, según la opinión de Bour, dos cuestiones básicas a la hora de
definir cómo se sale de esta situación. Y habrá que ver, agrega, cuál será la
reacción de la política económica: "Por ahora no hay política económica,
no hay presupuesto, nada... Ni pensar en políticas de empleo", señala.
"El gran motor del empleo es la macroeconomía, pero las
políticas activas pueden ser útiles para apuntalar oportunidades ",
analiza Manuel Mera, investigador asociado del Programa de Protección Social del
Cippec, quien advierte que los datos laborales en el punto de partida (antes de
la pandemia) ya eran malos y mostraban comportamientos marcados por
desigualdades, que ahora no hacen más que profundizarse.
De la etapa previa, el informe de la ONU puntualiza que
entre 2012 y 2019 el PBI per cápita (lo que produce el país dividido por su
cantidad de habitantes) cayó un 11%, mientras que el empleo privado disminuyó
un 1,1%. En varios períodos, de hecho, solo creció la ocupación en el sector
público. Ahora mismo no cede el número de nombramientos para ocupar cargos,
según lo que se publica a diario en el Boletín Oficial. Ello, en tiempos en que
el gasto estatal crece a ritmo muy acelerado: en mayo fue superior en un 96,8%
al de igual mes de 2019, en tanto que la recaudación de recursos subió
nominalmente solo 2,4%.
Ante el desequilibrio creciente de las cuentas, la necesidad
de recursos para atender la emergencia dando ayudas a empresas y a hogares se
resuelve con emisión monetaria. "En el corto plazo ese es el camino; no
hay alternativa", señala Fracchia respecto de esa acción, que terminaría
por impactar en precios en unos meses, aunque no está claro con qué fuerza.
Los desequilibrios, además de limitar el poder de fuego del
Estado (las erogaciones del sector público para ayudar de cara a la recesión
son mucho menores, en términos de PBI, a las de muchos países, según observa
Fracchia), limitan posibles planes para una salida. "Activar la obra
pública y la construcción es algo que tendría un impacto muy rápido en el
empleo, pero hay que ver qué margen tendría el Estado, cuando también se tiene
que hacer cargo de tantos desequilibrios de la macro", analiza Campos.
El economista de la CTA dice que no hay chances para una
recuperación económica rápida, porque varios factores indican que la salida de
la crisis sanitaria será gradual y con idas y vueltas. Prueba de ello son las
medidas anunciadas el viernes último. "Cualquier decisión de retrotraer
medidas [de la apertura progresiva de la cuarentena] va a tener un impacto;
pero, de igual manera, si tenés una saturación del sistema sanitario eso
también va a impactar en la actividad y en el empleo", sostiene.
Campos recuerda que la Argentina arrastra problemas
económicos gravísimos desde antes de la cuarentena y advierte que, entonces,
para la salida de la crisis hay que ver qué pasa con esos aspectos (como el de
la solución o no solución al tema de la deuda) y evaluar las posibilidades
hacia adelante desde una óptica más amplia: "Está la pregunta histórica de
qué va a producir este espacio común llamado Argentina; tal vez sea un buen
momento para pensarlo".
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