Las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas se
encuentran desde hace meses en una situación de enorme fragilidad. A eso se
suma el shock económico que generó el resultado electoral de las primarias del
11 de agosto, que derivó en otra devaluación del peso y una nueva suba de la
tasa de interés que van a impactar de lleno en el consumo y la actividad en las
próximas semanas y meses.
Ante este panorama, entendemos que es preciso tomar medidas
concretas y de emergencia que apunten a mitigar el golpe sobre el entramado
pyme nacional, que emplea al 70% de los trabajadores de nuestra economía y
abastece en su enorme mayoría a nuestro mercado interno.
Las medidas que diseñamos en la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME) son complementarias y amplían las que anunció el
presidente Mauricio Macri el 14 de agosto, y atacan de manera frontal cuatro
ejes fundamentales para las pequeñas y medianas empresas argentinas: la
cuestión tributaria, el financiamiento, el consumo interno y el abastecimiento
energético.
Esta semana compartimos nuestras propuestas con el gobierno
a través del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que siempre ha sido
receptivo a nuestras ideas y ha mantenido los canales de comunicación abiertos
y fluidos.
Nuestro objetivo es doble, y surge de la realidad cotidiana
que enfrentan nuestros miembros en las casi 1.500 federaciones, cámaras,
centros y uniones industriales de todo el país a las que representamos. Por un
lado, minimizar o compensar el impacto de la volatilidad cambiaria y la tasa de
política monetaria sobre nuestros costos; por el otro, sostener el poder de
compra de los consumidores, que constituyen nuestra principal fuente de
demanda.
En lo tributario, las propuestas buscan alivianar la carga
impositiva con el fin de compensar los mayores costos que se derivan de la suba
de tasas y la escalada del dólar. Además de la moratoria pyme y la suspensión
de embargos que anunció el Presidente, creemos necesario relanzar el programa
REPRO para sostener el empleo y suspender el impuesto al cheque para las pymes,
entre otras medidas puntuales.
En lo financiero, necesitamos aislar al segmento pyme del
sobrecosto que genera la tasa de interés que establecen las autoridades
monetarias en este momento de crisis. Entre ellas, la reposición de la Línea de
Crédito para la Inversión Productiva (LCIP) del Banco Central, la suba del 5 al
10% de los activos que las empresas de seguros deben destinar al crédito pyme y
la asistencia informática para que más pymes puedan sumarse al sistema de
Factura de Crédito Electrónica.
En nuestras empresas se comprueba de la forma más cabal que
si la gente no puede comprar nosotros no podemos vender. Por eso nuestras
propuestas incluyen ampliar la devolución del 100% del IVA por la
compra de alimentos y bebidas hasta el 31 de diciembre de 2019, ampliar el
programa Ahora 12 y crear una nueva línea de crédito al consumo.
La decisión del gobierno de suspender cualquier aumento de
naftas durante 90 días se complementa con nuestra visión sobre la cuestión
energética, clave en la estructura de costos de las pymes. Nuestras propuestas
incluyen eximir por 90 días del cobro de IVA e Ingresos Brutos en las boletas
de luz y gas para las micro, pequeñas y medianas empresas, y que hasta el 31 de
diciembre de 2019 las facturas de gas y electricidad tengan un plazo de pago a
90 días.
Entendemos que estas decisiones que ponemos a consideración
de las autoridades son imperiosas para cuidar la sostenibilidad, y en muchos
casos la supervivencia, de nuestro sector, que agrupa al 98% de las empresas
privadas del país, y genera uno de cada dos empleos privados formales y el 44%
del Producto Bruto Interno. Como siempre lo hemos hecho, en CAME llamamos a la
responsabilidad de todos los sectores, y a su vez nos comprometemos a ser un
actor constructivo en la búsqueda de soluciones para esta coyuntura difícil,
que no admite ningún tipo de especulaciones.
Gerardo Díaz Beltrán,
presidente de CAME.
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