Cree que su empresa aplica correctamente la legislación laboral que defiende los derechos de los trabajadores? Si su respuesta es que no, usted está entre el 70% de los trabajadores que desconfía de las maneras legales de la compañía para la que trabaja. Este es uno de los principales datos obtenidos por la nueva edición del IV Estudio Arag sobre el nivel de confianza de los españoles en su entorno laboral, elaborado con encuestas a 4.500 personas, en colaboración con el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña.
Pero si siete de cada diez trabajadores no confían en que su empresa actúe legalmente en el terreno laboral, es muy parecido el volumen de empleados que tampoco confía en su jefe (seis de cada diez); y, sin embargo, este recelo es algo menor hacia el resto de compañeros, en los que desconfía algo más del 40% de los encuestados.
A pesar de este clima generalizado de incredulidad y suspicacia en el seno de las empresas -que los autores del estudio atribuyen a la actual crisis económica-, los trabajadores españoles no se caracterizan por tomar las riendas de la situación y actuar cuando surge un problema en su entorno laboral. Así, el estudio presentado ayer por el ex ministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel, actual defensor del asegurado en Arag, indica que el grado de pasividad de los asalariados es bastante alto, ya que alrededor del 40% no hace nada cuando tiene un problema en el trabajo.
¿Y cuál es el motivo de esta pasividad? Ocho de cada diez consultados creen que "actuar les llevaría a un proceso demasiado largo o les costaría mucho tiempo para acabar consiguiendo muy poco".
Pimental da otra explicación al asegurar que "los altos índices de paro en España han dado lugar a que quienes conservan su puesto de trabajo también se muestren más conformistas, y piensen que intentar defender sus derechos no va a ayudar, sino que incluso puede empeorar su situación".
Ante una carta de despido
Una prueba de esta afirmación es que en el último año se han duplicado los trabajadores que ante una carta de despido, la firman y aceptan el finiquito, sin más averiguaciones. Esta actitud conformista afectaba al 12% de los consultados en 2010 y se eleva al 24% en la actualidad. En consecuencia, disminuye notablemente el grupo de aquellos que antes de firmar el despido se asesoran de que todo esté correcto, que pasan a ser el 47% frente al 62% de hace un año.
Pero, ¿qué medidas toman los que sí deciden actuar ante un problema laboral? Las respuestas a este punto también reflejan el recelo a la empresa y los compañeros ya que la mayoría no se dirige a los representantes sindicales o al departamento de recursos humanos en primera opción, sino a un abogado profesional (en el 15% de los casos) y a los técnicos de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en segundo lugar (en un 12%). Solo después acuden a los sindicatos (un 9%) y, en menor medida, a la misma empresa y a los compañeros.
Las irregularidades que más preocupan a los trabajadores son, por este orden, las relacionadas con el sueldo, el horario o las funciones; las relativas al fin del contrato y, en tercer lugar, a las prestaciones públicas a las que se tiene derecho. Finalmente, como ocurre en general en el mercado laboral, hay grandes diferencias territoriales: los aragoneses y los andaluces son los más combativos, ya que más de la mitad actúa ante un problema; frente a los extremeños, que se muestran pasivos en un 83%.
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